Incorporación de cláusulas en los contratos y licitaciones públicas que obliguen a los proveedores a participar en la recogida selectiva

La contratación pública representa alrededor de un 20% del PIB de España, siendo este porcentaje superior al 16% en el caso de la Unión Europea. En este contexto, mediante su poder de compra, las administraciones públicas pueden impulsar el desarrollo de determinadas actuaciones o políticas, como por ejemplo la inclusión de cláusulas ambientales en los contratos y pliegos de licitación para asegurar la participación en los esquemas de recogida selectiva por parte de los proveedores.

Tanto las directivas comunitarias, como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, habilitan las autoridades públicas para considerar aspectos ambientales y sociales en los procedimientos de contratación. Así, con objeto de asegurar que se realiza la recogida selectiva resulta necesario incluir en los pliegos de licitación, cláusulas que obliguen a la empresa adjudicataria a la realización de la recogida selectiva en las instalaciones o servicios objeto de contratación, requisito que estará sujeto a posterior supervisión por parte de la administración licitante. Estas cláusulas pueden complementarse con la obligatoriedad de dar formación en materia de recogida selectiva al personal incluido en la licitación.